MANIFIESTO POBREZA CERO 2022
Ante la crisis que atraviesa el planeta y ante el retroceso en la consolidación de derechos, denunciamos, que vivimos en un sistema de producción y consumo insostenible, que genera desigualdad, pobreza y explotación laboral, para buena parte de los habitantes del planeta, en el mismo tiempo que favorece los oligopolios y la acaparación de un poder y beneficios desmedidos para unas pocas grandes empresas.
El sistema energético, las empresas contaminantes, la agricultura y la ganadería intensivas causan estragos en el medio ambiente. Guerras, como la de Ucrania, en Europa, y las que se sufren en otros continentes, destapan una realidad cuyas consecuencias vuelven a pagar las de siempre: las personas más excluidas.
También es grave el mantenimiento de las desigualdades entre mujeres y hombres, el crecimiento del racismo y los discursos de odio, la persecución de las personas que defienden los derechos humanos y la naturaleza, y el incumplimiento del derecho de asilo y refugio por parte de los Estados más ricos.
Porque a pesar de la existencia de leyes y tratados que protegen los derechos humanos -políticos, económicos y sociales-, los problemas siguen creciendo y generando injusticias en un mundo donde todavía hoy 860 millones de personas viven en pobreza extrema; muchas de ellas en países muy ricos en recursos naturales. Más de 83 millones son desplazadas forzosas a causa de guerras o desastres naturales, y al menos 99 millones de personas en todo el mundo viven en condiciones de esclavitud moderna, trabajo o matrimonio forzoso. Desde Pobreza Cero pedimos que se reconozca que estos son problemas globales, que necesitan soluciones globales. Existen soluciones concretas y las personas y partidos que nos representan en las instituciones políticas deben ponerlas en marcha urgentemente frente a la amenaza de colapso del sistema.
Y por todo esto, pedimos:
A nivel Internacional, en el G20, la Unión Europea, la Organización Mundial del Comercio y otros organismos internacionales competentes:
● La erradicación de los paraísos fiscales y la persecución con recursos suficientes del fraude y la elusión fiscal, que contribuyen a restar recursos a las sociedades.
● La culminación de la Directiva Europea, actualmente en proceso, sobre “debida diligencia”, que contribuya de forma efectiva a evitar la impunidad ante la violación de los derechos humanos por parte de las multinacionales.
● Establecer corredores humanitarios seguros en los conflictos como los de Ucrania, Burkina Faso, Malí, Etiopía, Somalia, Siria y Afganistán, entre otros, para evitar que miles de personas sigan muriendo en su intento de buscar seguridad.
● Garantizar el derecho a la movilidad humana, como derecho humano fundamental, y establecer vías seguras para las migraciones para evitar que decenas de miles de personas sigan muriendo cada año en busca de una vida mejor.
● Establecer sanciones a los países que no cumplan los convenios internacionales que protegen el derecho de asilo y refugio, e impulsar la persecución judicial a los responsables políticos que no cumplen con estos convenios.
● Establecer mecanismos internacionales efectivos de acoso judicial y protección frente al hostigamiento, persecución y asesinato a personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, especialmente en países como Colombia, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Palestina, Territorios Saharauis o República Democrática del Congo.
● La modificación de las normas comerciales para garantizar relaciones igualitarias entre los países más ricos y los de rentas medias y bajas.
A nivel estatal, en el Gobierno y el Parlamento:
● Culminar una reforma fiscal que sea justa, progresiva y suficiente, que responda a las orientaciones del Libro blanco de la Reforma Fiscal.
● Aprobar definitivamente el proyecto de Ley de protección de los derechos humanos, la sostenibilidad y la debida diligencia en las actividades empresariales y financieras transnacionales, que permitirá perseguir a las empresas españolas que violan los derechos humanos y medioambientales en las actividades desarrolladas en otros países, en largo de su cadena de valor.
● El cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs) donde hay seres humanos privados de libertad por faltas administrativas, y el aumento presupuestario en las medidas de soporte para el proceso de inclusión de las personas migrantes.
● Establecer mecanismos de control judiciales y administrativos eficaces para controlar el cumplimiento de los Derechos Humanos en nuestras fronteras.
● La aprobación definitiva de la nueva Ley de Cooperación Internacional, con un enfoque transformador orientado al desarrollo sostenible, la justicia global y los derechos humanos, y el aumento de la partida destinada a cooperación en los presupuestos generales del Estado para 2023 para avanzar hasta el 0,5% comprometido por los partidos de gobierno para el final de esta legislatura.
● Diseñar políticas públicas con recursos suficientes para reducir la desigualdad salarial entre mujeres y hombres.
● Mejorar la eficiencia energética y regular los precios de la energía para evitar los abusos de empresas dominantes. Favorecer los proyectos energéticos de implantación de energías verdes locales para el consumo local.
A nivel autonómico y local en la Comunidad de Castilla-La Mancha, y frente a las próximas elecciones, pedimos a todos los partidos políticos que incluyan en sus programas electorales las siguientes medidas:
● Incrementar ayudas a la producción y el comercio locales, responsables con el territorio, y facilitar la distribución de productos de comercio justo.
● Priorizar las políticas públicas, incluidas las políticas de cooperación, destinadas a reducir la pobreza, incluyendo el acceso a la vivienda, la formación, el acompañamiento en el empleo, la reducción de las desigualdades entre mujeres y hombres y la prevención de todas las formas de violencia contra las mujeres.
● Priorizar, desde la cooperación internacional, las iniciativas de desarrollo económico local social y ambientalmente sostenibles, que favorezcan el trabajo digno, el comercio sur-sur y la lucha contra la explotación laboral y la destrucción de la naturaleza.
● Establecer políticas que prioricen la creación de comunidades energéticas locales con energías verdes, y la protección de nuestro patrimonio natural, incluyendo el incremento de las labores de vigilancia y sanción para empresas contaminantes.
● Incluir en el currículum educativo el fomento del consumo consciente y responsable, la formación en derechos laborales e igualdad, y materias para combatir entre el alumnado los discursos de odio.
● Mejorar los canales de información y denuncia de las Administraciones Públicas relacionados con los derechos laborales.
● Fomentar la participación e incluir a las personas implicadas en todos los debates públicos y las decisiones políticas relacionadas con sus derechos, especialmente en el caso de colectivos diversos con mayores dificultades de participación, como los colectivos en situación de exclusión social, personas migrantes y mujeres sometidas a múltiples violencias.
Ante la desigualdad y la pobreza, ¡Es hora de actuar!
#EsHoraDeActuar #ReseteaElSistema