Stop a la desigualdad, la pobreza y las guerras. ¡Soluciones ya!
Como cada 17 de octubre estamos aquí para conmemorar el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza; y recordar que no podemos dar pasos atrás en los derechos logrados, que urge frenar las guerras y conflictos armados, el expolio de recursos naturales del Sur Global, atajar las desigualdades y la emergencia climática para frenar la pobreza y las injusticias del modelo actual.
El sistema de producción y consumo genera explotación y precariedad a buena parte de las personas en el mundo, favorece la distancia entre los países ricos y los empobrecidos, y acumula el poder y los beneficios en unas pocas manos.
El sistema energético, las grandes empresas contaminantes y la agricultura y la ganadería intensivas causan estragos en la naturaleza.
Y en el mundo guerras como la de Ucrania y el genocidio en Gaza, entre otras, la impunidad y la violación del derecho internacional, traen consecuencias que sufren en carne propia la población civil, en especial las que están en situación de mayor riesgo y exclusión.
Además, seguimos afrontando brechas como la desigualdad entre mujeres y hombres, la discriminación por racismo y otras opresiones, que son alimentadas por los discursos de odio y las políticas reaccionarias.
Hoy, más de 750 millones de personas padecen hambre. Son una de cada 11 personas en todo el mundo y una de cada cinco en África. Más de 120 se ha convertido en refugiadas o desplazadas forzosas a causa de guerras y persecución política, y 28 millones de personas -el 40% de ellas mujeres y niñas- viven en condiciones de esclavitud moderna y realizan trabajos forzosos, incluida la explotación sexual.
Ante todos estos problemas, demandamos que se reconozcan las causas estructurales que los provocan, y la necesidad de soluciones globales, para impulsar la cultura de paz y la justicia social, porque no podemos dejar a ninguna persona atrás.
Y por todo ello, ponemos en el foco en estas demandas:
Al Parlamento y al Gobierno de España que impulsen:
- El cumplimiento de la Carta Social Europea revisada, ratificada por España en 2021, que obliga a garantizar los derechos sociales y económicos fundamentales.
- La reforma de los sistemas impositivos para gravar más a las rentas altas y a las grandes empresas y transnacionales; la erradicación de guaridas fiscales y la persecución del fraude y la elusión fiscal.
- Otro Pacto Europeo sobre Migración y Asilo que garantice verdaderamente el respeto de los derechos fundamentales en las fronteras exteriores de la UE, blinde el cumplimiento de la legislación internacional marítima y establezca vías legales y seguras para hacer efectivo el derecho natural a la movilidad humana.
- El establecimiento de corredores humanitarios seguros en conflictos como los de Ucrania, Sudán, Siria y Afganistán, el alto el fuego en Gaza y el fin de la ocupación ilegal de los territorios del Sáhara Occidental y Palestina.
- Una política migratoria inclusiva, más ágil y eficaz, para evitar la irregularidad administrativa que equivale a exclusión y explotación. Y la #RegularizaciónYa de personas migrantes y cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs).
- La mejora integral del sistema de acogida a la infancia migrante para garantizar el acceso a sus derechos, la atención a sus necesidades y su pleno desarrollo.
- La aprobación definitiva de la ley española de “debida diligencia” e impulso en Naciones Unidas de la aprobación del tratado vinculante, para evitar la impunidad ante la violación de los derechos humanos en las actividades empresariales y financieras internacionales.
- La aceleración de las medidas frente a la emergencia climática en la próxima cumbre COP28, que permitan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y la financiación de la adaptación para los países empobrecidos.
- La elaboración de un Estatuto Europeo de las personas trabajadoras que garantice los derechos laborales y frene la explotación, las desigualdades y las diferencias entre países.
- La culminación de la reforma del sistema de cooperación internacional basado en la justicia global y los derechos humanos, aumentando el presupuesto para alcanzar el 0,7% de la Renta Nacional Bruta.
A nivel autonómico y local en Castilla – La Mancha:
- Aumentar en el 2025 el presupuesto regional a la cooperación al desarrollo, con el objetivo de alcanzar, cuanto antes, la media de las comunidades autónomas y llegar al 0,7 % del presupuesto antes de 2030.
- Reconocimiento de la participación del tercer sector social, como parte de la sociedad civil articulada, en espacios de diálogo e interlocución en los que trasladar las necesidades, inquietudes y
- planteamientos de la ciudadanía a la administración.
- Presentación y puesta en marcha de la Estrategia Regional de Cooperación, así como la reforma de la Ley de cooperación internacional para el desarrollo y el fortalecimiento de la estructura administrativa responsable de su gestión.
- Priorizar las políticas públicas destinadas a reducir la pobreza y la exclusión social, incluyendo la inserción laboral y el empleo digno, así como el acceso a la vivienda y a la formación.
- Impulsar las políticas sociales de acogida de personas refugiadas y solicitantes de protección internacional.
Por ello hoy, un año más, recordamos la necesidad de hacer
RESET AL SISTEMA
Para que no se quede NINGUNA PERSONA ATRÁS
