Cada 17 de octubre conmemoramos el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza para recordar que no podemos dar ni un paso atrás en los derechos logrados y que necesitamos seguir atajando las desigualdades y la emergencia climática para acabar con la pobreza y las injusticias del modelo actual.
Vivimos en un sistema de producción y consumo que genera explotación y precariedad para buena parte de las personas en el mundo, al tiempo que favorece la acaparación de poder y beneficios en manos de unos pocos. El sistema energético, las grandes empresas contaminantes, la agricultura y la ganadería intensivas causan estragos en la naturaleza. Guerras como la de Ucrania y las que se sufren en otros países, traen consigo consecuencias que pagan las personas en situación de mayor vulnerabilidad.
También son graves la desigualdad entre mujeres y hombres y la discriminación por racismo o cualquier discurso de odio, así como la persecución de quienes defienden los derechos humanos y la naturaleza.
Hoy, 685 millones de personas viven en pobreza extrema, muchas en países ricos en recursos; más de 108 millones son desplazadas forzosas a causa de guerras o desastres naturales; y casi 50 millones viven en condiciones de esclavitud moderna, trabajo o matrimonio forzoso. También en Castilla-La Mancha más de 665.000 personas se encuentran en riesgo de pobreza y/o exclusión social, el 32,5% de la población, mientras unas 244.000 viven en pobreza severa con menos de 530 € al mes (Informe AROPE 2022).
Por todo ello, demandamos que se reconozca, frente a quienes los niegan o cuestionan, que estos son problemas que necesitan soluciones globales; que existen medidas concretas que se pueden poner en marcha y que no podemos dejar a ninguna persona atrás.
Y por todo ello, pedimos a la JCCM y al Gobierno de España, para que, a nivel estatal y a través de su participación en los organismos internacionales, impulsen:
● El cumplimiento de la Carta Social Europea revisada, ratificada por España en 2021, que obliga a los Estados a garantizar los derechos sociales y económicos fundamentales.
● La reforma de los sistemas impositivos a nivel estatal y global para grabar más a las rentas altas y a las grandes empresas y transnacionales.
● La erradicación de paraísos fiscales y la persecución del fraude y la elusión fiscal, para poder financiar un sistema de protección universal que permita atajar la pobreza global.
● La formulación de directivas, tanto en la Unión Europea como en el marco de la ONU y la OCDE, que condicionen las políticas fiscales regresivas que merman los ingresos públicos de los Estados.
● El impulso de un Pacto Europeo sobre Migración y Asilo que garantice el respeto de los derechos fundamentales en las fronteras exteriores de la UE, blinde el cumplimiento de la legislación internacional marítima para evitar naufragios y establezca vías legales y seguras para migrar y acceder a la protección internacional.
● El establecimiento de corredores humanitarios seguros en conflictos como los de Ucrania, Sudán, Siria, Afganistán y, en estos momentos, en Palestina.
● La #RegularizaciónYa de personas migrantes sin papeles y el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs).
● La aprobación definitiva de la Directiva Europea y la ley española sobre “debida diligencia”, con disposiciones que contribuyan a evitar la impunidad ante la violación de los derechos humanos en las actividades empresariales y financieras internacionales.
● La creación de mecanismos internacionales efectivos de protección frente al hostigamiento y el asesinato de personas defensoras de los derechos humanos y la naturaleza, especialmente en América Latina, Palestina y República Democrática del Congo.
● La aceleración de las medidas frente a la emergencia climática en la próxima cumbre COP28 respecto a la implantación de energías renovables, movilidad y modelo agroindustrial, que permitan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 60% para 2035 respecto a las emisiones de 2019, y la financiación de la adaptación para los países empobrecidos.
● La elaboración de un Estatuto Europeo de los y las trabajadoras que garantice los derechos laborales y frene la explotación, las desigualdades y las diferencias entre países.
● Culminar la reforma del sistema de cooperación internacional basado en la justicia global y los derechos humanos, aumentar el presupuesto para alcanzar el 0,7% de la Renta Nacional Bruta, y fortalecer las capacidades de la Administración para ejecutar las políticas de cooperación.
A nivel autonómico y local en Castilla-La Mancha pedimos las siguientes medidas:
● Frenar las políticas fiscales regresivas para garantizar la suficiencia de financiamiento para las políticas públicas y los servicios sociales que sostienen la vida y el planeta.
● Incrementar y apoyar a la producción y el comercio locales responsables con el territorio, y facilitar la distribución de productos de comercio justo.
● Reforzar y priorizar las políticas públicas destinadas a reducir la pobreza y la exclusión social, incluyendo la inserción laboral y el empleo digno, así como el acceso a la vivienda y a la formación de manera equitativa y no segregada, y el acceso a la renta de inclusión y a sus complementariedades; políticas que contribuyan a reducir las desigualdades entre mujeres y hombres y a prevenir la violencia contra las mujeres.
● Una verdadera voluntad política con la cooperación internacional para el desarrollo, cumpliendo con los compromisos de incrementar los fondos, actualmente bajo mínimos (0,029%) y muy alejados del 0,7% establecido en la Agenda 2030 y en la propia Estrategia Regional.
● Establecer políticas que prioricen la creación de comunidades energéticas locales con energías verdes, y la protección de nuestro patrimonio natural.
● Incluir en el currículum educativo acciones dirigidas al fomento del consumo consciente y responsable, la formación en derechos laborales e igualdad, y el combate a los discursos de odio.
Por ello hoy, un año más, recordamos que hoy y ahora no debemos permitir que se deje a NINGUNA PERSONA ATRÁS. POBREZA CERO, ¡AHORA!